La diputada Roxana Hernández Ramírez planteó la homologación del Plan Integral contra el Abuso Sexual y una reforma al Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la persecución de este delito y garantizar una mayor protección a los derechos de las mujeres en San Luis Potosí.
Durante su intervención ante el Pleno, la legisladora explicó que el Plan Integral contra el Abuso Sexual está diseñado para mejorar los mecanismos de atención, denuncia y procuración de justicia, mediante procesos más accesibles, ágiles y con un enfoque centrado en la protección de las víctimas, además de contribuir a la construcción de entornos seguros.
Hernández Ramírez señaló que el abuso sexual ha sido históricamente minimizado bajo el argumento de su difícil comprobación, lo que ha derivado en indiferencia institucional y revictimización. Por ello, destacó que uno de los puntos centrales de la propuesta es que este delito se persiga de oficio, trasladando la responsabilidad de investigar y sancionar directamente al Estado.
Subrayó que denunciar no debe implicar miedo, obstáculos ni desgaste emocional, por lo que el plan contempla una atención más humana, acompañamiento integral y medidas que eviten la revictimización desde el primer contacto con las autoridades.
En el ámbito legislativo, informó que el dictamen propone adicionar un párrafo VI al artículo 178 del Código Penal, con el fin de establecer criterios más claros para la tipificación y sanción del abuso sexual, además de armonizar la legislación estatal con el marco nacional que reconoce este delito como grave y de interés público.
La diputada destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la respuesta institucional ante la violencia sexual, y resaltó que la instrucción presidencial para homologar este delito en todas las entidades federativas representa un avance significativo para garantizar una protección igualitaria a las mujeres en todo el país.
Finalmente, afirmó que estas reformas obligan a las instituciones a asumir su responsabilidad en la construcción de una justicia más rápida, humana y efectiva, donde denunciar sea un derecho garantizado y no un acto extraordinario de valentía.
