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Diputada Roxanna Hernández propone incluir el concepto de acoso escolar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La iniciativa busca garantizar el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a una educación segura y libre de violencia en San Luis Potosí.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con el objetivo de incluir el concepto de acoso escolar dentro del marco jurídico potosino.

La propuesta busca homologar la definición de acoso escolar con la que establece la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado, con el fin de dar mayor certeza jurídica y fortalecer las acciones de protección en favor de las niñas, adolescentes y mujeres.

Hernández Ramírez destacó que la violencia escolar comprende toda agresión que ocurre dentro de los entornos educativos, y puede manifestarse de manera verbal, física, psicológica, patrimonial, cibernética o sexual. Este tipo de violencia, señaló, puede incluir burlas, amenazas, agresiones, aislamiento o insultos reiterados, tanto dentro como fuera de los planteles, incluso a través de medios digitales.

“El acoso escolar o bullying implica un abuso de poder, generalmente ejercido por un agresor o grupo contra una víctima en situación de indefensión. Esta conducta, al prolongarse en el tiempo, genera maltrato, humillación y temor, afectando profundamente el bienestar y desarrollo emocional de las víctimas”, explicó la legisladora.

Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el acoso escolar como toda agresión física, psicoemocional o patrimonial sufrida por niñas, niños o adolescentes dentro de las escuelas, por lo que el Estado debe garantizar un entorno educativo seguro y libre de violencia.

La diputada resaltó que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) ya cuenta con un protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, aplicable en escuelas públicas y privadas, que proporciona herramientas a maestras y maestros para atender adecuadamente estos casos, en apego a los derechos humanos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su análisis y dictamen.

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