El pasado 13 de agosto, el diputado federal potosino del Partido Verde Ecologista de México, Juan Carlos Valladares, presentó una propuesta exhaustiva con el objetivo de reglamentar y actualizar el funcionamiento de los puntos de control en la Autopista Federal 57. Esta carretera es considerada un eje vial crucial para la logística y el comercio tanto a nivel nacional como internacional. La iniciativa pretende resolver desafíos recurrentes, como los actos de extorsión y las dilaciones en el flujo logístico, buscando robustecer la seguridad en las vías, disminuir los costos económicos y potenciar la competitividad de las industrias en la región del Bajío.
La Autopista Federal 57 une las regiones norte, centro y del golfo del país, siendo un enlace fundamental para el intercambio comercial con Estados Unidos, y de vital importancia para sectores como el automotriz, aeroespacial, alimentario y manufacturero. No obstante, esta vía enfrenta serios problemas, incluyendo la extorsión, los falsos retenes y pérdidas monetarias que alcanzan los 14 mil millones de pesos cada año, a causa de robos, atrasos y gastos adicionales. Un único puesto de control mal gestionado puede ocasionar pérdidas de hasta 2 millones de pesos al día. Además, se han registrado impactos negativos en el ámbito social y una disminución de la productividad logística, afectando hasta el 25% del rendimiento diario por conductor.
Dado que el transporte terrestre representa el 60% del movimiento de mercancías en México y contribuye con el 3% al 4% del Producto Interno Bruto, las deficiencias en esta vía tienen un impacto directo en sectores clave, especialmente en el automotriz y el manufacturero del Bajío.
Juan Carlos Valladares afirmó que “la modernización de estos retenes no solo acabará con las prácticas indebidas, sino que también asegurará un mejor flujo para el transporte de carga y pasajeros, protegiendo los derechos humanos y atrayendo inversiones a la zona”. Además, enfatizó que “esta iniciativa es crucial para cimentar a San Luis Potosí y la región del Bajío como un centro industrial confiable y competitivo”.
El legislador federal subrayó que su propuesta es una respuesta a las demandas de los ciudadanos y de las organizaciones empresariales de San Luis Potosí, quienes han manifestado la urgencia de atender esta problemática. Las medidas principales que se proponen incluyen:
Protocolos y Vigilancia para Combatir la Corrupción: Implementar revisiones de cuentas aleatorias, usar cámaras corporales y aplicar sanciones rigurosas ante cualquier abuso.
Coordinación entre Instituciones: Establecer una comunicación directa entre la SEDENA, la Guardia Nacional, la FGR, el INM y las autoridades estatales.
Ubicación Estratégica y Señalización Inteligente: Colocar paneles con tecnología LED, definir horarios de operación y aplicar medidas para evitar la congestión vehicular.
Tecnología de Punta: Incorporar cámaras con inteligencia artificial, arcos carreteros para escanear placas y cargas, sistemas de iluminación solar y módulos de inspección móviles.
Infraestructura de Apoyo: Construir carriles auxiliares, áreas de inspección separadas y segundos pisos en los segmentos más complicados.
Entrenamiento Constante: Utilizar simuladores y realidad aumentada para que las inspecciones sean más eficientes.
Enfoque en los Derechos Humanos: Crear procedimientos claros y brindar capacitación para evitar la discriminación por perfiles.
Se espera que esta iniciativa reduzca las pérdidas económicas, mejore la seguridad en el transporte, optimice la fluidez logística y fortalezca la confianza empresarial, lo que a su vez atraerá nuevas inversiones. Para los empresarios de San Luis Potosí, estas mejoras beneficiarán directamente a sus negocios al disminuir los costos de logística, asegurar entregas puntuales, proteger la mercancía y mejorar la reputación de la región como un destino seguro.
El diputado reconoció las acciones del gobierno federal, como el Operativo Balam de la Guardia Nacional y la colocación de cámaras y arcos carreteros por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sin embargo, insistió en la necesidad de una estrategia integral que incluya tecnología, capacitación y transparencia para poner fin a las prácticas irregulares.
La propuesta, presentada el 13 de agosto de 2025 en la sede de la Comisión Permanente, busca generar mejoras perceptibles en el funcionamiento de los retenes, reforzando así la legalidad y el flujo vehicular. Juan Carlos Valladares hace un llamado a los industriales, a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil para que se sumen a esta iniciativa.
