El diputado Luis Emilio Rosas Montiel presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado para exhortar a las autoridades estatales y a los 59 ayuntamientos a priorizar el uso de acero producido por empresas potosinas en la ejecución de obra pública. La propuesta tiene como objetivo fortalecer la industria local, proteger fuentes de empleo y reducir la vulnerabilidad frente a la volatilidad internacional y los aranceles que afectan al sector.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social explicó que, al destinar recursos de infraestructura a insumos de origen local, se logra que cada peso invertido tenga un impacto directo en la economía regional. Señaló que el consumo de acero potosino no solo respalda a las y los trabajadores, sino que también potencia a las empresas ya establecidas en el estado, consolidando un valor agregado en la cadena de producción.
Rosas Montiel subrayó que la medida contribuiría a sustituir importaciones, cerrar brechas en el sector y dar mayor certidumbre a nuevas inversiones. Indicó que la propuesta es congruente con los esfuerzos de desarrollo regional y con la importancia estratégica del acero en proyectos de movilidad, agua, vivienda y equipamiento urbano.
El exhorto convoca a dependencias estatales, municipales, entidades paraestatales y contratistas a incorporar criterios de origen local en sus procesos de contratación, siempre en estricto apego a la normatividad vigente.
El legislador recordó que, en 2019, San Luis Potosí ocupaba el segundo lugar nacional en producción de acero, pero en 2024 cayó al quinto sitio, lo que significó una disminución del 20 % en el valor total de la producción. Actualmente, el estado cuenta con 63 unidades económicas del ramo, entre las que destacan Grupo Acerero, Grupo Sime, Suacero, Outokumpu Mexinox y PEASA.
De acuerdo con la Cámara Nacional del Acero, los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump podrían ocasionar la pérdida de hasta 700 mil empleos en México, considerando que el 84 % de las exportaciones mexicanas de acero se destinan a Estados Unidos. A ello se suma el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que estima un impacto económico de hasta 22 mil 533 millones de dólares por este motivo.
Rosas Montiel recordó que, en junio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció que todas las licitaciones de obra pública federal deberán realizarse con acero mexicano, medida que busca blindar a la industria nacional.
En cuanto a inversión pública, señaló que el presupuesto de 2024 contempla 3,500 millones de pesos para obra e infraestructura en San Luis Potosí, con montos específicos como 427 millones para la capital, cerca de 500 millones para Ciudad Valles, 437 millones para Soledad de Graciano Sánchez, 270 millones para Tamazunchale, 131 millones para Rioverde y 75 millones para Matehuala.
El punto de acuerdo fue turnado a comisiones legislativas para su análisis y eventual dictamen, antes de ser presentado al Pleno del Congreso del Estado.
