El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal de San Luis Potosí y de leyes estatales relacionadas con seguridad pública, procuración de justicia y responsabilidades administrativas, con el objetivo de fortalecer el combate al delito de extorsión.
La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, quien explicó que las reformas responden a un proceso de armonización con la legislación federal vigente, particularmente en lo relativo a la tipificación del delito de extorsión, sus sanciones, agravantes y los procedimientos aplicables para su atención e investigación.
En el Código Penal del Estado se modifican las disposiciones del Capítulo VI del Título Octavo, que actualmente regulan el delito de extorsión, a fin de remitir su tratamiento a la Ley General en la materia, garantizando congruencia normativa y mayor eficacia jurídica.
Asimismo, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado se establecen nuevas atribuciones para las instituciones de seguridad estatales y municipales, orientadas a la prevención y combate de este delito. Como parte de estas acciones, se crea el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, encargado de la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias, además de fortalecer la vinculación con la ciudadanía para orientar e informar sobre medidas preventivas.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, las reformas contemplan la creación de una unidad especializada para la investigación y persecución del delito de extorsión y delitos vinculados, integrada por agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y analistas debidamente capacitados y certificados, conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, se reforman disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios, incorporando como faltas graves aquellas cometidas por servidores públicos que contravengan la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reforzando así los mecanismos de control y sanción dentro del servicio público.
