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Proponen título profesional gratuito para egresados de universidades públicas

La iniciativa aplicaría a estudiantes con promedio mínimo de 8.0 y sin sanciones académicas, mediante una reforma constitucional en San Luis Potosí.

Con el objetivo de eliminar barreras económicas que impiden a miles de jóvenes concluir formalmente su formación universitaria, la diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para garantizar la exención total del pago por la expedición del título profesional a egresados de universidades públicas.

La propuesta plantea que el Estado otorgue este beneficio a quienes hayan concluido sus estudios de educación superior con un promedio general igual o superior a 8.0 y no hayan incurrido en sanciones académicas o administrativas durante su trayectoria escolar. De aprobarse, quedaría prohibido cualquier cobro, cuota o trámite económico relacionado directa o indirectamente con el proceso de titulación.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que la gratuidad en la expedición del título no debe entenderse como un privilegio, sino como una medida de justicia educativa orientada a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación y a evitar que factores económicos limiten el acceso al desarrollo profesional.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), únicamente la mitad de los estudiantes universitarios logra titularse, siendo la falta de recursos una de las principales causas del llamado “desfase de titulación”, fenómeno que representa una pérdida de capital humano y de oportunidades laborales para el país.

La iniciativa expone que en instituciones públicas como la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, los costos de titulación pueden alcanzar los cinco mil pesos, mientras que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí oscilan entre cinco mil y diez mil pesos, montos que para muchas familias representan varios meses de ingreso.

Ante este panorama, la propuesta busca evitar que el costo final de la titulación se convierta en un obstáculo definitivo para jóvenes que ya concluyeron sus estudios, pero que enfrentan dificultades para incorporarse plenamente al mercado laboral por no contar con su título profesional.

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