El Gobierno del Estado de San Luis Potosí fortaleció la coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para mejorar la atención jurídica a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional que han sido víctimas de delitos en territorio potosino.
En una reunión encabezada por la Secretaría General de Gobierno y la Defensoría Pública del Estado, se revisaron los mecanismos actuales de asistencia y se definieron nuevas líneas de colaboración que permitan garantizar asesoría legal efectiva, representación jurídica y acciones de protección con enfoque de derechos humanos.
El titular de la Defensoría Pública, Edgar Valdez Zavala, explicó que estas acciones responden a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientadas a reforzar la seguridad jurídica de quienes llegan al estado en situación de vulnerabilidad.
En el encuentro también participó la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga”, con la finalidad de integrar esfuerzos académicos e institucionales que fortalezcan los procedimientos de acompañamiento y atención a personas refugiadas.
Las instituciones coincidieron en que una coordinación más estrecha permitirá mejorar el acceso a la justicia, agilizar la atención de casos y garantizar que quienes enfrentan riesgos o han sido víctimas puedan recibir apoyo integral en San Luis Potosí.
