La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que fortalece la Ley de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de blindar sus derechos y establecer sanciones más claras para quienes cometan abusos, actos de violencia o afectaciones a su patrimonio.
El presidente de la comisión, diputado Marco Antonio Gama Basarte, explicó que la reforma amplía la protección contemplada en la fracción tercera del artículo 11 Bis, donde ya se prohíben la discriminación, el abuso, la explotación y el aislamiento.
Con la modificación, también se integran como conductas sancionables cualquier forma de violencia, acciones u omisiones que generen riesgo o afecten la integridad personal, la dignidad, los ingresos, los bienes o el patrimonio de una persona adulta mayor. Entre los ejemplos se enfatizan el despojo, la retención indebida de recursos y la suplantación de identidad.
El dictamen establece que todo acto que configure alguna de estas conductas deberá denunciarse inmediatamente ante la autoridad competente, la cual estará obligada a activar los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos. Asimismo, se reforzó la fracción cuarta del mismo artículo, que ahora prohíbe de manera explícita cualquier conducta que obligue, induzca o presione a las personas adultas mayores a realizar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que vulneren su dignidad o su salud física y mental.
El diputado Gama Basarte detalló que en el artículo 45 se incorporó un apartado que prevé sanciones para cualquier persona que incurra en discriminación, abuso, explotación, aislamiento o violencia en perjuicio de una persona adulta mayor, acciones que serán castigadas conforme a las leyes correspondientes o con medidas administrativas previstas en la propia ley.
El legislador señaló que la reforma responde a problemáticas crecientes, como la suplantación de identidad y la apropiación indebida de recursos, que actualmente afectan a este sector vulnerable. Subrayó que el dictamen fortalece el marco jurídico y brinda herramientas más claras para prevenir y sancionar estas conductas.
El documento fue aprobado por unanimidad por las y los integrantes de la comisión: Marco Antonio Gama Basarte, Brisseire Sánchez López, Roxanna Hernández Ramírez, Frinné Azuara Yarzábal, Diana Ruelas Gaitán y Marcelino Rivera Hernández. Ahora será turnado al Pleno del Congreso para su votación final.
