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Ruth González propone reforma para reforzar el derecho alimentario en casos de desempleo

La iniciativa plantea una vía excepcional y regulada para utilizar recursos de retiro cuando exista desempleo comprobado, sin afectar la estabilidad del sistema de pensiones.

La senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para fortalecer los mecanismos que garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión alimenticia, particularmente cuando la persona obligada atraviesa por un periodo de desempleo y carece de otras fuentes de ingreso.

La propuesta plantea habilitar, bajo criterios estrictos y supervisión judicial, el uso proporcional de recursos de la cuenta individual de retiro en circunstancias extraordinarias, con el objetivo de asegurar la manutención de menores sin comprometer la viabilidad del sistema de pensiones ni los derechos de las personas trabajadoras.

La legisladora explicó que actualmente la ley protege los recursos destinados al retiro, lo cual es esencial para garantizar una vejez digna. Sin embargo, señaló que existen casos en los que esta protección impide atender necesidades inmediatas cuando una persona pierde su empleo y no dispone de otros medios económicos.

La iniciativa retoma criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen la posibilidad de autorizar el uso limitado de dichos recursos cuando represente la única alternativa para salvaguardar el derecho alimentario de menores, siempre bajo control judicial.

El proyecto establece condiciones específicas para su aplicación: deberá comprobarse judicialmente la inexistencia de otros ingresos o bienes; se priorizará el uso de aportaciones voluntarias; y, solo en caso necesario, podrá disponerse de una parte del ahorro para el retiro dentro de los límites permitidos por la ley en situaciones de desempleo. Además, los recursos se entregarían de manera periódica para garantizar estabilidad en el apoyo.

La senadora señaló que la propuesta busca equilibrar la protección de la niñez con la seguridad social de las personas trabajadoras, así como otorgar certeza jurídica a autoridades e instituciones financieras mediante un procedimiento claro, uniforme y supervisado.

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