Con la aprobación de la reforma constitucional federal en materia de extorsión, se dará atención prioritaria a este delito que afecta la seguridad y la paz de cientos de familias mexicanas, señaló el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.
El legislador advirtió que “el delito de extorsión se ha convertido en un cáncer criminal que desangra a nuestros comerciantes y a nuestras familias. Este delito no es un problema local, es una gran fuente de financiamiento de la delincuencia organizada en muchas regiones de nuestro país y un motor económico del crimen”.
Explicó que, con la reforma, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una ley general contra la extorsión, lo que permitirá unificar la tipificación y sanciones en todo el país, terminando con la disparidad de criterios. Además, resaltó que la persecución de este delito será de oficio, con lo que se retirará la carga a la víctima y el Estado mexicano asumirá la responsabilidad de investigar desde el momento de la amenaza, sin poner en riesgo a quienes denuncian.
“Y fortaleceremos la coordinación entre las autoridades federales y estatales, permitiendo la creación de un protocolo nacional y un registro de casos para combatir este delito, con una estrategia unificada y de alto impacto en contra del crimen organizado”, puntualizó.
Badillo Moreno subrayó que esta modificación constitucional “es un imperativo de Estado para seguir construyendo un México donde el trabajo honesto y la vida en familia no estén sometidas a la amenaza del teléfono o del cobro de piso”.
