Para garantizar el derecho a la salud, tutelado por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, y reforzar la protección penal frente a conductas que ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud es de alta relevancia social, ya que de ellas depende la vida, la integridad física y el bienestar de las personas. La confianza que la población deposita en médicos, especialistas y personal de farmacias exige actuación estricta conforme a la legalidad, la ética y los estándares de responsabilidad más altos.
No obstante, se han detectado conductas que vulneran la seguridad de los pacientes, tales como:
*El ejercicio indebido de la profesión.
*La ostentación de especialidades médicas no reconocidas.
*La reincidencia en faltas graves de atención.
*La sustitución arbitraria de medicamentos prescritos.
La diputada destacó que estas prácticas no solo ponen en riesgo la salud, sino que también afectan la confianza ciudadana en las instituciones y profesionales sanitarios. Aunque la legislación vigente contempla sanciones, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado, lo que fomenta la impunidad y limita el efecto preventivo de la norma.
Se han identificado vacíos legales respecto al personal encargado de farmacias y boticas que sustituye medicamentos sin autorización, lo que puede causar complicaciones médicas graves e incluso la pérdida de vidas humanas. Como ejemplo, la diputada mencionó dos casos recientes:
En agosto, una mujer sufrió negligencia médica tras vivir seis meses con un catéter doble vencido luego de una cirugía fallida.
En septiembre, una enfermera aplicó un medicamento a un menor que le provocó un paro cardiaco, requiriendo ingreso a terapia intensiva.
La iniciativa establece que los delitos se sancionarán con:
*Pena de inhabilitación de uno a dos años en el ejercicio de la profesión o privación en caso de reincidencia.
*Reparación de daños por actos propios o de auxiliares, incluidos gastos médicos y funerarios, según corresponda.
*Aumento de la pena en una mitad si el médico se ostenta con una especialidad no validada legalmente o reincide en los supuestos anteriores.
*Para responsables de farmacias o boticas que sustituyan medicamentos recetados de manera inapropiada, se impondrá de uno a tres años de prisión, sanción pecuniaria de 60 a 200 días de valor de la unidad de medida y actualización, y obligación de reparar el daño causado.
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
